Hace unos días estuve en la manifestación por la vivienda y allí me encontré con mi hijo y algunos amigos. Mi hijo tiene 33 años y un trabajo fijo, se levanta todos los días a las 6 de la mañana y regresa a su casa pasadas las 6 de la tarde, tras una jornada partida en una empresa del sector logístico. Le gusta su trabajo, pero su situación, al igual que otros miles y miles de jóvenes, estudiantes o trabajadores como los que acudieron a esas manifestaciones, no le permite de momento acometer la compra de una vivienda.
Tienen toda la razón esos jóvenes en rebelarse y estar indignados por esta situación. También mucha gente mayor por lo mismo. ¿Contra quién se manifestaban?, pues contra quienes nos gobiernan en general, si bien tengo que decir que escuché gritos “cariñosamente” dedicados a políticos madrileños. Sin duda la responsabilidad es de las tres administraciones, pero especialmente de las que tienen competencias directas en materia de vivienda y suelo, que son Comunidades y Ayuntamientos. El Estado debe legislar adecuadamente e impulsar estas políticas con incentivos y recursos.
Creo que si algo ha quedado claro en los últimos años es que el mercado por sí solo no soluciona el problema. El “no hacer nada” que dicen sin pudor algunos ilustres políticos capitalinos es lo que nos ha llevado a una situación donde dominan los intereses de los fondos de inversión (los llamados fondos buitre) como máxima expresión de un capitalismo ciego orientado exclusivamente al beneficio, al que le interesa más invertir en viviendas turísticas o viviendas para ricos, un mercado que no ha dejado de crecer en Madrid en los últimos años. Es lo que ocurre si la vivienda se concibe como inversión y no como derecho. Si como recoge la Constitución la entendemos como un derecho, son necesarias políticas públicas que afronten el problema:
- Medidas de choque que protejan a los más débiles de los desahucios, pongan topes a los alquileres abusivos y a los fondos de inversión y defiendan también al pequeño propietario de abusos o impagos.
- Medidas estructurales que articulen una política pública estable de vivienda. Hay que construir muchas más viviendas, especialmente de promoción pública y social, para lo cual Ayuntamientos y Comunidades deben activarse a fondo, promover suelo, permitir mayores densidades en zonas ya consolidadas y agilizar trámites y burocracia, mientras el Gobierno central debe facilitar el marco legal adecuado, incentivos y créditos a particulares, empresas y cooperativas.
Las soluciones ya se conocen, pues en diferentes países europeos hay una larga experiencia. También en España en los primeros años de la democracia se realizaron en grandes ciudades y las llamadas ciudades-dormitorio, extensas promociones de vivienda donde los ayuntamientos planificaban y promovían nuevos barrios con porcentajes superiores al 50 y 60 % del suelo para vivienda púbica y protegida, apoyados en un movimiento cooperativo que funcionaba razonablemente bien y que se debería recuperar y estimular desde los poderes públicos . También en las empresas municipales de vivienda, instrumento jurídico-administrativo del que disponen los poderes locales. Y salían las cuentas en cuanto a la cooperación público-privada, pues se construyeron barrios enteros mediante esta fórmula hasta que los apóstoles del “no hacer nada que ya lo solucionará el mercado” redujeron estas actuaciones a algo simbólico.
En un reciente artículo sobre “las 4 Españas de la vivienda”, Daniel Fuentes describe la complejidad del problema y cómo los diferentes intereses de esas cuatro Españas -propietarios de vivienda principal que no obtienen rentas inmobiliarias, inquilinos a precio de mercado, propietarios rentistas y hogares que residen en condiciones de no mercado- ayudan a explicar por qué resulta tan difícil articular un consenso en torno a las políticas de vivienda.
Solo desde una gobernanza inteligente el problema de la vivienda tiene solución, a pesar de su complejidad, sus muchas aristas, intereses cruzados y formas de abordarlo. No será de un día para otro, pero habrá que hacerlo desde un fuerte liderazgo y protagonismo público, compaginando enfoques sociales que atiendan la vivienda como derecho fundamental (Javier Burón, Alberto Garzón o JM López), con otros más liberales (Jorge Galindo) capaces de articular y aunar esfuerzos de colaboración entre lo público y lo privado. Una Administración inteligente, con directivos y funcionarios profesionales, tendrá que agilizar los trámites con la transparencia y control necesarios para evitar algunas corruptelas conocidas de experiencias anteriores.
Los jóvenes tienen que poder vivir y emanciparse con un esfuerzo proporcional y razonable. Personas mayores que llevan toda la vida trabajando y pagando su alquiler no pueden ser desahuciados de sus casas. Más allá de respuestas emocionales, esto es lo que se demanda en las grandes manifestaciones y acampadas de este octubre de 2026 donde los jóvenes decidieron dar un zapatazo encima de la mesa dirigido a todas las instituciones y los gobiernos. Ojalá les escuchen.
